The Polochic Evictions Counteraction

The Polochic Evictions Counteraction

In March, 2011, twelve Q’eqchi’ Maya communities were violently evicted from the lands where they lived as subsistence farmers in Panzós, Guatemala. Hundreds of anti-riot police, members of the Guatemalan Army, private security forces, and paramilitaries used heavy farm machinery and fire to destroy crops and houses. They left 750 poor families (about 3,000 persons) on the side of the highway, with no shelter, food or water, and without access to farm land. This wave of evictions came about in a struggle for land and natural resources among large landowners, companies dedicated to export monoculture, and Q’eqchi’ farmers who survived the Guatemalan Internal Armed Conflict (1960-1996).

In coordination with the evicted communities, a group of six organizations from Guatemala and the United States filed a petition on their behalf against the State of Guatemala in the Inter-American Commission of Human Rights (IACHR). As a result, on June 20, 2011, the IACHR granted Precautionary Measures and asked the State to guarantee the human rights of the evicted persons. The Polochic Evictions Counteraction is an activist research team that formed at the time of the evictions and has been working since then as partners with the communities to analyze their situation and advance their goals at the local, national, and international levels.

Mujeres Indígenas en la Defensa de los Derechos a la Tierra en Guatemala

Es un grupo activista de investigación que trabaja en colaboración con comunidades indígenas desplazadas del Valle de Polochic en Guatemala en su lucha para defender sus derechos en los niveles local, nacional e internacional.

En marzo de 2011 fueron desalojadas 14 comunidades de campesinos Q’eqchi’es en la Municipalidad de Panzós, Alta Verapaz (Valle del Polochic, Guatemala). Cientos de policías anti-motines, miembros del ejército nacional, fuerzas de seguridad privada, y paramilitares en complicidad con otras autoridades guatemaltecas, lanzaron a la gente campesina bombas de gas lacrimógeno a corta distancia, robaron las pertenencias, usaron maquinaria agrícola para destruir siembras y casas, las cuales fueron quemadas posteriormente. Como consecuencia, dejaron a 750 familias pobres (unas 3000 personas) en la orilla de la carretera, sin albergue, sin acceso a tierra para sembrar, sin alimentación ni agua potable. Esta ola de desalojos violentos se enmarca en una lucha entre terratenientes, empresas dedicadas a agricultura extensiva y comunidades campesinas de etnia Q’eqchi’ sobrevivientes de la guerra civil guatemalteca. Ante esta situación, el Gobierno Guatemalteco se ha limitado a mantener los desalojos y criminalizar a toda persona u organización distinta a las empresas con intereses en el área. La violencia en la zona ha dejado ya varios muertos, heridos y amenazados de muerte. El 20 de junio de 2011, otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares a favor de estas 14 comunidades, pidiendo al Estado de Guatemala que garantice los Derechos Humanos de los afectados por los desalojos, en particular aquellos de naturaleza económica, social y cultural.